La recuperación de la economía venezolana tiene como pilar fundamental la estabilización del servicio eléctrico, un sector que ha sufrido un marcado deterioro durante años. Con el objetivo de revertir esta situación, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera discusión una reforma a la Ley del Sistema Eléctrico, marcando el fin de casi dos décadas de monopolio estatal y centralización.
Esta iniciativa busca desmantelar el modelo estatista iniciado en 2007 —que incluyó la nacionalización de La Electricidad de Caracas— para dar paso a la participación de empresas privadas en toda la cadena, desde la generación hasta la comercialización, bajo esquemas de propiedad mixta donde el Estado podría incluso actuar como accionista minoritario.
La reforma contempla concesiones con vigencias de 25 años, prorrogables por 15 años adicionales, y ofrece flexibilidad fiscal para atraer capitales, con especial interés en empresas estadounidenses. Esta apertura se ve respaldada por la Licencia 48A emitida por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que autoriza la provisión de tecnología y servicios para el sistema eléctrico nacional.
El proceso cuenta con el apoyo de la administración Trump, bajo la premisa de que «la red eléctrica de Venezuela se encuentra deteriorada y frágil. Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, que es esencial para aumentar la producción de petróleo, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano», según declaraciones del Departamento de Estado.
El impacto de la crisis ha sido severo: datos del Statistical Review of World Energy del Energy Institute revelan que la generación eléctrica en el país cayó un 37% entre 2013 y 2024, reduciéndose de 132,6 a 83,3 terawatts hora. La reconstrucción, calculada por firmas como GE y Siemens en una inversión de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, exigirá además una reestructuración de la deuda para acceder a financiamiento multilateral, como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un componente central de esta transformación es la implementación de un nuevo esquema tarifario. La exposición de motivos de la ley subraya la necesidad de «diseñar tarifas que contemplen todos los costos reales y permitan una rentabilidad razonable para el inversor, atada a criterios de eficiencia».
Actualmente, se estima que el Estado subsidia el 95,6% de la factura eléctrica residencial, un costo que, según la lógica de la reforma, deberá trasladarse progresivamente al consumidor final para garantizar la viabilidad económica del sector.
Fuente: Banca y Negocios.
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