La principal organización gremial del sector empresarial en Venezuela, Fedecámaras, ha presentado un planteamiento formal para reformar la dinámica de supervisión de costos por parte del Ejecutivo Nacional. La propuesta central busca establecer un límite temporal estricto de 60 días, con la posibilidad de una única extensión por el mismo periodo, para cualquier medida de control de precios que el Estado decida implementar en situaciones excepcionales.
El sector privado argumenta que estas limitaciones temporales son necesarias para evitar distorsiones prolongadas en la cadena de suministros y garantizar la sostenibilidad de las operaciones comerciales. Según la visión del gremio, la capacidad del Estado para intervenir en la fijación de valores de productos y servicios no debe ser permanente, sino una herramienta de carácter transitorio que permita corregir desequilibrios puntuales sin asfixiar la libre competencia ni la rentabilidad de las unidades de producción.
Asimismo, el planteamiento incluye la necesidad de que cualquier regulación esté debidamente justificada por criterios técnicos y económicos transparentes. Fedecámaras sostiene que un entorno de mayor libertad de mercado favorece el abastecimiento y la estabilidad de la economía nacional a largo plazo. Con esta medida, el empresariado busca generar un marco de mayor previsibilidad jurídica que incentive la inversión y proteja el poder adquisitivo del consumidor a través de una oferta diversa y competitiva.
Fuente: Banca y Negocios
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