En un movimiento político significativo, la administración gubernamental de Líbano ha formalizado la prohibición de cualquier tipo de movilización o actividad de índole militar por parte del grupo chií Hezbolá. Esta resolución surge como una medida fundamental para consolidar el reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel, buscando restaurar la autoridad estatal sobre el territorio nacional.
Las directrices emitidas por el Consejo de Ministros establecen con claridad que ninguna organización o facción armada, ajena a las fuerzas de seguridad oficiales del Estado, tiene autorización para portar armamento, realizar patrullajes o establecer infraestructuras bélicas. El decreto pone especial énfasis en la región meridional del país, donde la presencia de Hezbolá ha sido históricamente predominante, exigiendo que el área quede bajo el control exclusivo del Ejército libanés y las fuerzas de paz de las Naciones Unidas.
Este paso administrativo se interpreta como un esfuerzo del primer ministro interino para cumplir con las disposiciones de la Resolución 1701 de la ONU, la cual exige el desarme de las milicias y la soberanía total del gobierno central. El cumplimiento de estas órdenes será supervisado por un mecanismo internacional de vigilancia, destinado a prevenir el resurgimiento de enfrentamientos fronterizos y garantizar la estabilidad duradera en la región.
Fuente: DW
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