El Gobierno Nacional ha comenzado este viernes la distribución del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de marzo, destinado exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública nacional, tanto activos como jubilados, que perciben el beneficio de cestaticket.
Según la información difundida a través del canal oficial de Telegram de la plataforma Patria y otras redes sociales vinculadas a los beneficios sociales, el monto asignado para este mes es de 66.450 bolívares. Esta cifra, al ser contrastada con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), representa un valor equivalente a aproximadamente 150 dólares estadounidenses.
Detalles del desembolso y beneficiarios
Este aporte económico forma parte de las medidas de protección social ejecutadas por el Ejecutivo Nacional para complementar el ingreso de los empleados del Estado. Los puntos clave de esta jornada de pago incluyen:
Recepción del beneficio: Los beneficiarios recibirán una notificación a través de un mensaje de texto desde el número corto 3532 y por la aplicación veMonedero, indicando la acreditación de los fondos en su Monedero Patria.
Destino de los fondos: Una vez que el monto sea aceptado en la plataforma, los usuarios tienen la opción de transferir los recursos a sus cuentas bancarias personales o utilizarlos directamente a través del sistema BioPago en comercios afiliados, así como para el pago de servicios públicos y recargas telefónicas.
Cronograma: Aunque el proceso se inició este viernes para el personal activo, se espera que en los días subsiguientes se active de forma progresiva el pago para los jubilados que no perciben cestaticket (cuyo monto suele ser ajustado proporcionalmente) y, finalmente, para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la misión Amor Mayor.
Es importante destacar que el monto del bono se ha mantenido estable en términos de divisas, siguiendo la política de ajuste mensual anclada al valor de la tasa oficial del BCV para mitigar los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.
Fuente: Banca y Negocios.
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