CARACAS – El sistema de justicia venezolano ha otorgado la libertad plena a un total de 8.068 personas durante el primer mes de vigencia de la Ley de Amnistía, instrumento promulgado el pasado febrero. La información fue suministrada este viernes 20 de marzo de 2026 por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de la Asamblea Nacional (AN) encargada del seguimiento de dicha normativa.
Desglose de los beneficios procesales
A través de un reporte en la plataforma X, Arreaza precisó que la gran mayoría de los beneficiados, específicamente 7.808 ciudadanos, se encontraban bajo medidas cautelares de libertad restringida (como prohibición de salida del país o regímenes de presentación). Por otro lado, 260 personas que permanecían en centros de reclusión recibieron su boleta de excarcelación definitiva.
Hasta la fecha, las autoridades judiciales han procesado 11.396 solicitudes válidas, las cuales se ajustan a los tipos penales y lapsos cronológicos definidos en la legislación. Al respecto, el parlamentario afirmó:
«Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional», señaló el diputado Jorge Arreaza.
Alcance y críticas al instrumento legal
La Ley de Amnistía abarca un espectro de 27 años (desde 1999), aunque su aplicación se limita estrictamente a eventos vinculados con 13 "hechos" específicos distribuidos en 13 años distintos. Quedan excluidos de este beneficio los delitos relacionados con corrupción, homicidios, violaciones a los derechos humanos y operaciones de carácter militar.
La implementación de esta Ley de Amnistía en este primer trimestre de 2026 representa un hito técnico en la gestión procesal del país. Para nuestra audiencia, es fundamental entender que la liberación de más de 7.000 personas de medidas cautelares alivia significativamente la carga administrativa de los tribunales de control y ejecución a nivel nacional.
Históricamente, las leyes de amnistía en Venezuela han buscado pacificar escenarios de alta polarización política; sin embargo, el desafío actual reside en equilibrar este "reencuentro nacional" con el cumplimiento de los estándares internacionales de justicia, especialmente en casos que rozan la frontera de los derechos fundamentales, un tema que seguirá bajo la lupa de la comunidad internacional en los próximos meses.
Fuente: Banca y Negocios.
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