CARACAS – Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Simón Rodríguez, materializaron la captura de un ciudadano de 21 años en la parroquia El Recreo, tras ser señalado por la difusión y venta de material privado de su expareja sentimental.
Identificación y detalles de la captura
El director general del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, informó a través de sus canales oficiales que el detenido responde al nombre de Yerinson Gabriel Martínez Monasterio. La aprehensión se ejecutó en el municipio Libertador después de que los expertos informáticos de la institución lograran rastrear el origen de las publicaciones tras recibir la denuncia formal de la víctima.
Modus operandi y daños ocasionados
Las investigaciones técnico-científicas determinaron que Martínez Monasterio utilizaba la plataforma de mensajería Telegram como canal para ofrecer y transar económicamente el contenido de naturaleza sexual. De acuerdo con el reporte oficial, el implicado obtenía lucros mediante estas operaciones ilegales, vulnerando la privacidad de la mujer sin poseer su autorización.
Las autoridades destacaron que este accionar no solo representa una violación a la integridad digital, sino que ha derivado en consecuencias psicológicas severas para la afectada.
"El actuar del joven no solo vulneró la integridad digital de la víctima, sino que también le causó un grave daño psicológico", confirmaron las autoridades tras poner el caso a la orden del Ministerio Público (MP).
Para nuestra audiencia en el estado Anzoátegui, y especialmente para la juventud de El Tigre, este caso de marzo de 2026 resalta la vigencia y severidad de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos en Venezuela. Históricamente, la difusión de material íntimo sin consentimiento (conocida coloquialmente como "sextorsión" o pornovenganza) era difícil de procesar por falta de peritaje especializado; sin embargo, en la actualidad, el Cicpc cuenta con unidades de delitos informáticos capaces de realizar barridos digitales en aplicaciones cifradas como Telegram.
Es fundamental que los ciudadanos de la zona sur de Anzoátegui comprendan que el anonimato en redes sociales es un mito; cualquier rastro digital de comercialización de contenido privado es punible con penas de prisión, ya que la legislación venezolana ha evolucionado para proteger el honor y la privacidad de las personas frente al uso indebido de las nuevas tecnologías de comunicación.
Fuente: 2001.
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